Crisis afecta a la justicia
Los enfrentamientos entre el Procurador General de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia fueron constantes
Santo Domingo
Los festivales de libertades, descargos y autos de no ha lugar durante este año mantienen enfrentados a la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, a tal punto que cinco jueces fueron suspendidos, tres de ellos procesados en juicio disciplinario.
El sistema judicial no termina de manera positiva el año 2015, ya que se ha visto empañado por una serie de acusaciones de presuntos actos de corrupción de jueces que emitieron sentencias que han sido fuertemente cuestionadas por la opinión pública.
El último escándalo lo destapó el procurador Francisco Domínguez Brito, en noviembre pasado, al denunciar ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de vinculados al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Esto trajo como consecuencia, que el referido Consejo, suspendiera sin disfrute de sueldo y remitiera a juicio disciplinario a los jueces José Dionisio Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo y Víctor Mejía Lebrón, también juez de esa demarcación.
Mientras que dispuso la suspensión de los jueces Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y de Delio Germán, del Cuarto Tribunal de la misma jurisdicción.
El caso de la jueza Reyes Beltré, acaparó la mayor atención, luego de que esta supuestamente le admitiera al presidente de la Suprema que recibió dinero a cambio de disponer la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), imputado de dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros y el asesinato de varios choferes.
No obstante, a la medida dispuesta por el Consejo, que preside el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, el Ministerio Público tiene una investigación abierta en materia penal en contra de Reyes Beltré y de Arias Valera.
En el caso de Reyes Beltré, también se le sindica que dio una garantía económica en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, y ordenó devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
En su afán de enderezar la situación por la que atraviesa el Poder Judicial, el procurador Domínguez Brito anunció que solicitaría al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de realizar una nueva ola en el sistema judicial, al tiempo que prepara una propuesta sobre su planteamiento.
Sin embargo, los escándalos no solo involucran a los jueces, sino también a los propios fiscales que se han visto envueltos en hechos que empañan su desempeño, como ocurrió con dos representantes del Ministerio Público de la provincia Santo Domingo, vinculados al caso Dican.
El último caso que involucra al Ministerio Público fue el del fiscal adjunto Ysidro Vásquez Peña, quien fue suspendido sin disfrute de sueldo, luego de iniciarse una investigación después que un imputado en el caso del Banco Peravia, declarara que les entregó 125 mil dólares de 250 mil, para que le buscara un abogado que asumiera su defensa.
Otro caso que sacó a flote las debilidades del sistema de justicia y enfrentó al Ministerio Público con el Poder Judicial, fue la espectacular fuga a finales de octubre, de los pilotos franceses Pascal Fauret Bruno y Armand Víctor Odos, condenados a 20 años de prisión por narcotráfico. El escape de los pilotos fue orquestado por un comando de antiguos compañeros de la milicia, y se realizó vía marítima. Esto se produce cuando los implicados estaban en libertad, al ser favorecidos con una medida de coerción dictada por una jueza de la Instrucción, que revocó la prisión preventiva emitida en su contra.
(+)
DECISIÓN FAVORABLE
Auto de no ha lugar a Félix Bautista
Otro caso que acaparó la atención nacional por sus implicaciones políticas, también sumergió a la Justicia en una crisis, por el enfrentamiento entre el procurador Domínguez Brito y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
El Ministerio Público, conforme a los dos tribunales de la Suprema Corte de Justicia, que emitió y confirmó el auto de no ha lugar a favor del senador y otras seis personas acusadas de presunto acto de corrupción y lavado de activos, no aportó las pruebas que pudieran demostrar su culpabilidad.
En el caso también fueron favorecidos Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Gricel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina. La decisión provocó críticas a la justicia y protestas de grupos sociales, llegando el Procurador a calificar la sentencia de “nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad”.
Empero, el jefe del Ministerio Público dijo que seguirá haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios para perseguir las acciones dolosas cometidas en perjuicio del Estado dominicano y procurar que en cada caso se imponga la sanción que corresponda. En la sentencia confirmada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, la presidenta del tribunal Miriam Germán Brito criticó el accionar del Procurador en el recurso de apelación.
Santo Domingo
Los festivales de libertades, descargos y autos de no ha lugar durante este año mantienen enfrentados a la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial, a tal punto que cinco jueces fueron suspendidos, tres de ellos procesados en juicio disciplinario.
El sistema judicial no termina de manera positiva el año 2015, ya que se ha visto empañado por una serie de acusaciones de presuntos actos de corrupción de jueces que emitieron sentencias que han sido fuertemente cuestionadas por la opinión pública.
El último escándalo lo destapó el procurador Francisco Domínguez Brito, en noviembre pasado, al denunciar ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ), que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de vinculados al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Esto trajo como consecuencia, que el referido Consejo, suspendiera sin disfrute de sueldo y remitiera a juicio disciplinario a los jueces José Dionisio Duvergé Mejía, del Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo y Víctor Mejía Lebrón, también juez de esa demarcación.
Mientras que dispuso la suspensión de los jueces Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y de Delio Germán, del Cuarto Tribunal de la misma jurisdicción.
El caso de la jueza Reyes Beltré, acaparó la mayor atención, luego de que esta supuestamente le admitiera al presidente de la Suprema que recibió dinero a cambio de disponer la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), imputado de dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos, secuestros y el asesinato de varios choferes.
No obstante, a la medida dispuesta por el Consejo, que preside el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, el Ministerio Público tiene una investigación abierta en materia penal en contra de Reyes Beltré y de Arias Valera.
En el caso de Reyes Beltré, también se le sindica que dio una garantía económica en un caso de 40.12 kilogramos de cocaína, y ordenó devolver un avión del fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y US$20 millones a favor de Prado Universal Corp., propiedad del español Arturo del Tiempo.
En su afán de enderezar la situación por la que atraviesa el Poder Judicial, el procurador Domínguez Brito anunció que solicitaría al presidente Danilo Medina la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de realizar una nueva ola en el sistema judicial, al tiempo que prepara una propuesta sobre su planteamiento.
Sin embargo, los escándalos no solo involucran a los jueces, sino también a los propios fiscales que se han visto envueltos en hechos que empañan su desempeño, como ocurrió con dos representantes del Ministerio Público de la provincia Santo Domingo, vinculados al caso Dican.
El último caso que involucra al Ministerio Público fue el del fiscal adjunto Ysidro Vásquez Peña, quien fue suspendido sin disfrute de sueldo, luego de iniciarse una investigación después que un imputado en el caso del Banco Peravia, declarara que les entregó 125 mil dólares de 250 mil, para que le buscara un abogado que asumiera su defensa.
Otro caso que sacó a flote las debilidades del sistema de justicia y enfrentó al Ministerio Público con el Poder Judicial, fue la espectacular fuga a finales de octubre, de los pilotos franceses Pascal Fauret Bruno y Armand Víctor Odos, condenados a 20 años de prisión por narcotráfico. El escape de los pilotos fue orquestado por un comando de antiguos compañeros de la milicia, y se realizó vía marítima. Esto se produce cuando los implicados estaban en libertad, al ser favorecidos con una medida de coerción dictada por una jueza de la Instrucción, que revocó la prisión preventiva emitida en su contra.
(+)
DECISIÓN FAVORABLE
Auto de no ha lugar a Félix Bautista
Otro caso que acaparó la atención nacional por sus implicaciones políticas, también sumergió a la Justicia en una crisis, por el enfrentamiento entre el procurador Domínguez Brito y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
El Ministerio Público, conforme a los dos tribunales de la Suprema Corte de Justicia, que emitió y confirmó el auto de no ha lugar a favor del senador y otras seis personas acusadas de presunto acto de corrupción y lavado de activos, no aportó las pruebas que pudieran demostrar su culpabilidad.
En el caso también fueron favorecidos Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Gricel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina. La decisión provocó críticas a la justicia y protestas de grupos sociales, llegando el Procurador a calificar la sentencia de “nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad”.
Empero, el jefe del Ministerio Público dijo que seguirá haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios para perseguir las acciones dolosas cometidas en perjuicio del Estado dominicano y procurar que en cada caso se imponga la sanción que corresponda. En la sentencia confirmada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, la presidenta del tribunal Miriam Germán Brito criticó el accionar del Procurador en el recurso de apelación.
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