El pacto eléctrico
LOS DISTINTOS ACTORES CONVOCADOS POR EL CES SE ABOCAN A INICIAR LAS DISCUSIONES PARA LLEGAR AL ESPERADO "CONSENSO".
Santo Domingo
Con algo de retraso se preparan los sectores convocados por el Consejo Económico y Social (CES) para iniciar la parte más crítica del proceso para lograr el Pacto Eléctrico, la discusión para llegar a los consensos.
La fase III del Pacto tiene programado iniciarse el próximo 24 de agosto con la conformación de las mesas de trabajo en base a los seis ejes definidos como fundamentales para el acuerdo: el marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, distribución, aspectos tarifarios y financieros y consumidores.
Unas 2,297 propuestas fueron recibidas según consta en la matriz consolidada colgada en la web, algunas hechas por los actores convocados en las distintas consultas territoriales, otras realizadas a través de la página web del Pacto y las demás entregadas directamente por instituciones de diversa índole y expertos.
En la metodología de la fase III se contempla la realización de cinco jornadas de discusión, la primera será del 24 al 28 de agosto; la segunda del 31 de agosto al 4 de septiembre; la tercera, del 7 al 11; la cuarta, del 14 al 18; y la quinta, del 21 al 25. Se espera que a más tardar el 30 de septiembre 2015 se concluya con todo el proceso de consensuar la propuesta. Aún no se tiene claro cuándo se estaría firmando el Pacto Eléctrico.
Según la metodología propuesta las seis mesas de trabajo sesionarán simultáneamente lunes y jueves en aulas de la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino.
De igual modo se plantea que el proceso de consenso significará un acuerdo de voluntades de los actores convocados y que habrá disensión cuando los actores no hayan podido ponerse de acuerdo en cuanto a una propuesta.
La suerte estará echada cuando los distintos sectores muestren sus capacidades para deponer los intereses propios en beneficio del bien de la nación, que somos todos.
MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
Con 433 propuestas, en este eje la discusión se centrará en si la propiedad del sector eléctrico debe ser totalmente público, mixto (público-privado) o privado. Definición de la participación estatal en la generación. Sobre los contratos de concesión y sus modalidades. Sobre el cumplimiento y actualización de la Ley General de Electricidad y su reglamento, en la que todos los sectores están de acuerdo, pero cada quien la interpreta en forma distinta. Sobre la pertinencia del mantenimiento de las distintas entidades reguladoras del sector eléctrico (Superintendencia de Electricidad -SIE-, Comisión Nacional de Energía -CNE-, Ministerio de Energía y Minas -MEM-, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE-), estableciendo las jerarquías y definiendo claramente sus funciones, que aunque lo establece la Ley General de Electricidad, no se cumple. Se debatirá sobre la obligatoriedad de independencia del órgano regulador del poder político. Los actores intentarán ponerse de acuerdo en si se deben fusionar las tres distribuidoras o se deben mantener como están. También se verá la pertinencia de mantener los Usuarios No Regulados (UNR) y sus incentivos.
GENERACIÓN
El tema de generación eléctrica es el más espinoso de todos este esfuerzo por consensuar un propuesta para un sistema eléctrico eficiente, confiable, competitivo y sostenible, por los intereses y recursos públicos-privados que intervienen en el mismo. Una evidencia de estos es que fue el eje con mayor cantidad de propuestas (682). Aquí el debate se centrará en si el Estado debe ampliar o no su participación en generación y cuál sería la cuota de generación tanto pública como privada. Se deberá definir cuáles son las inversiones que necesita el sector para cubrir la demanda de mediano y largo plazo (Plan de expansión a mínimo costo), el criterio para la obtención de financiamiento y el tipo de combustible con que se generará a futuro. El tema de la deuda con los generadores será vital en esta mesa y la renegociación de los contratos de compra de energía para las distribuidoras. Asimismo, las políticas de incentivo hacia la producción de energías renovables.
TRANSMISIÓN
Este subsector eléctrico está en manos de la administración estatal, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). En este eje se realizaron unas 163 propuestas, las cuales se fundamentan en que se preserve este sector en manos del Estado por seguridad ciudadana y que se dote de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además de que se asegure su independencia operativa y financiera y se definan las inversiones necesarias y posibles para mejorar la infraestructura, determinando cuál debe ser el norte del plan de expansión para cubrir la demanda de todo el sector eléctrico. En este punto es importante destacar el abordaje de las fuentes de financiamiento para los planes de inversión que requiere este subsector.
De igual modo se propone la revisión de los permisos otorgados para las líneas de transmisión bajo propiedad y administración privada. En el caso de la propiedad y gestión de las redes de 69 kilovatios, algunos plantean que permanezcan en control de la ETED y otros creen que deben ser transferidas a las Empresas de Distribución Eléctrica (EDE).
Otra temática planteada es sobre la aplicación efectiva del marco normativo, los estándares de calidad del servicio y los de operación y funcionamiento establecidos en la ley.
DISTRIBUCIÓN
Este eje es el segundo con mayor cantidad de propuestas recibidas (510). Las inquietudes de los actores giraron en función del régimen de propiedad de las distribuidoras (Edesur, Edenorte, Edeeste), donde se exponen propuestas disímiles como: que se mantengan en manos estatales; que pasen al sector privado; que se permita la participación privada; y que se permita la asociación público-privada. Otro tema es la despolitización de las EDE y el cumplimiento de las leyes y normativas que rigen la distribución. También la modificación del marco vigente para facilitar la verticalización de las distribuidoras y en este punto se sugiere sectorizar la distribución y que cada suplidor instale sus redes, venda, cobre y de servicio a sus clientes, y que si usa las estructuras del Estado que pague el peaje establecido en estos casos.
Un tema vital y muy sentido es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, que a decir de algunos expertos rondan el 32%. Aqui las propuestas giran en torno a que se realicen las inversiones necesarias, que se garantice un servicio de calidad para aumentar la cobraza, que se eficientice la gestión de las EDE. Una propuesta que puede traer debate es que se privatice la comercialización de la energía.
ASPECTOS TARIFARIOS Y FINANCIEROS
Unas 156 propuestas fueron recibidas para este eje, expresándose la necesidad de transparencia con respecto a la tarifa técnica, para lo que se pide que se aseguren los mecanismos que permitan reflejar el costo real del consumo, pero sobre todo que se cumpla lo que establece la Ley General de Electricidad. Otro tema relevante es sobre el subsidio eléctrico. Sobre esto se plantea focalizarlo hacia los sectores más necesitados, que se desmonte el subsidio del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que se eliminen los subsidios cruzados y que se retribuya a las EDE el subsidio. En esta parte, se expresa el interés de que se cumpla con el artículo 25 del decreto 494-10, para que los Usuarios No Regulados paguen a las EDE el 10% de lo que se ahorran por el privilegio de comprar directamente a los generadores.
Se expusieron varias propuestas para la realización de planes y programas, estrategias y acciones de políticas lideradas por el Gobierno y las entidades especializadas del sector eléctrico.
Los actores se expresaron en función de que se logre transparentar los pasivos y aportes estatales a las empresas públicas del sector y que se asegure el cumplimiento de las normas contables y financieras nacionales e internacionales.
CONSUMIDORES
El respeto a los derechos de los consumidores, la calidad y garantía del servicio eléctrico, la reducción de 30% en la tarifa, la compensación del pago por apagones, la transparencia de las garantías y los depósitos, son algunos de los temas expuestos para el debate de este eje que concentró unas 256 propuestas.
Los actores de esta mesa deberán abordar las posibilidades de satisfacción de la demanda de los usuarios o consumidores en función de que se garantice el servicio permanente de energía eléctrica (24 horas). Además se deberá debatir la pertinencia de que se subsidie la tarifa de los pequeños y medianos empresarios (Mipymes).
También se reclama una mayor efectividad de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en la supervisión y auditoría para el cumplimiento de las normas por parte de las EDE y la penalización de las malas prácticas de las mismas. Se propone que se cree un Centro de Control para medición y monitoreo del consumo eléctrico de instituciones gubernamentales (medición factor de potencia).
Santo Domingo
Con algo de retraso se preparan los sectores convocados por el Consejo Económico y Social (CES) para iniciar la parte más crítica del proceso para lograr el Pacto Eléctrico, la discusión para llegar a los consensos.
La fase III del Pacto tiene programado iniciarse el próximo 24 de agosto con la conformación de las mesas de trabajo en base a los seis ejes definidos como fundamentales para el acuerdo: el marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, distribución, aspectos tarifarios y financieros y consumidores.
Unas 2,297 propuestas fueron recibidas según consta en la matriz consolidada colgada en la web, algunas hechas por los actores convocados en las distintas consultas territoriales, otras realizadas a través de la página web del Pacto y las demás entregadas directamente por instituciones de diversa índole y expertos.
En la metodología de la fase III se contempla la realización de cinco jornadas de discusión, la primera será del 24 al 28 de agosto; la segunda del 31 de agosto al 4 de septiembre; la tercera, del 7 al 11; la cuarta, del 14 al 18; y la quinta, del 21 al 25. Se espera que a más tardar el 30 de septiembre 2015 se concluya con todo el proceso de consensuar la propuesta. Aún no se tiene claro cuándo se estaría firmando el Pacto Eléctrico.
Según la metodología propuesta las seis mesas de trabajo sesionarán simultáneamente lunes y jueves en aulas de la Pontificia Universidad Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino.
De igual modo se plantea que el proceso de consenso significará un acuerdo de voluntades de los actores convocados y que habrá disensión cuando los actores no hayan podido ponerse de acuerdo en cuanto a una propuesta.
La suerte estará echada cuando los distintos sectores muestren sus capacidades para deponer los intereses propios en beneficio del bien de la nación, que somos todos.
MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO
Con 433 propuestas, en este eje la discusión se centrará en si la propiedad del sector eléctrico debe ser totalmente público, mixto (público-privado) o privado. Definición de la participación estatal en la generación. Sobre los contratos de concesión y sus modalidades. Sobre el cumplimiento y actualización de la Ley General de Electricidad y su reglamento, en la que todos los sectores están de acuerdo, pero cada quien la interpreta en forma distinta. Sobre la pertinencia del mantenimiento de las distintas entidades reguladoras del sector eléctrico (Superintendencia de Electricidad -SIE-, Comisión Nacional de Energía -CNE-, Ministerio de Energía y Minas -MEM-, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales -CDEEE-), estableciendo las jerarquías y definiendo claramente sus funciones, que aunque lo establece la Ley General de Electricidad, no se cumple. Se debatirá sobre la obligatoriedad de independencia del órgano regulador del poder político. Los actores intentarán ponerse de acuerdo en si se deben fusionar las tres distribuidoras o se deben mantener como están. También se verá la pertinencia de mantener los Usuarios No Regulados (UNR) y sus incentivos.
GENERACIÓN
El tema de generación eléctrica es el más espinoso de todos este esfuerzo por consensuar un propuesta para un sistema eléctrico eficiente, confiable, competitivo y sostenible, por los intereses y recursos públicos-privados que intervienen en el mismo. Una evidencia de estos es que fue el eje con mayor cantidad de propuestas (682). Aquí el debate se centrará en si el Estado debe ampliar o no su participación en generación y cuál sería la cuota de generación tanto pública como privada. Se deberá definir cuáles son las inversiones que necesita el sector para cubrir la demanda de mediano y largo plazo (Plan de expansión a mínimo costo), el criterio para la obtención de financiamiento y el tipo de combustible con que se generará a futuro. El tema de la deuda con los generadores será vital en esta mesa y la renegociación de los contratos de compra de energía para las distribuidoras. Asimismo, las políticas de incentivo hacia la producción de energías renovables.
TRANSMISIÓN
Este subsector eléctrico está en manos de la administración estatal, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). En este eje se realizaron unas 163 propuestas, las cuales se fundamentan en que se preserve este sector en manos del Estado por seguridad ciudadana y que se dote de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además de que se asegure su independencia operativa y financiera y se definan las inversiones necesarias y posibles para mejorar la infraestructura, determinando cuál debe ser el norte del plan de expansión para cubrir la demanda de todo el sector eléctrico. En este punto es importante destacar el abordaje de las fuentes de financiamiento para los planes de inversión que requiere este subsector.
De igual modo se propone la revisión de los permisos otorgados para las líneas de transmisión bajo propiedad y administración privada. En el caso de la propiedad y gestión de las redes de 69 kilovatios, algunos plantean que permanezcan en control de la ETED y otros creen que deben ser transferidas a las Empresas de Distribución Eléctrica (EDE).
Otra temática planteada es sobre la aplicación efectiva del marco normativo, los estándares de calidad del servicio y los de operación y funcionamiento establecidos en la ley.
DISTRIBUCIÓN
Este eje es el segundo con mayor cantidad de propuestas recibidas (510). Las inquietudes de los actores giraron en función del régimen de propiedad de las distribuidoras (Edesur, Edenorte, Edeeste), donde se exponen propuestas disímiles como: que se mantengan en manos estatales; que pasen al sector privado; que se permita la participación privada; y que se permita la asociación público-privada. Otro tema es la despolitización de las EDE y el cumplimiento de las leyes y normativas que rigen la distribución. También la modificación del marco vigente para facilitar la verticalización de las distribuidoras y en este punto se sugiere sectorizar la distribución y que cada suplidor instale sus redes, venda, cobre y de servicio a sus clientes, y que si usa las estructuras del Estado que pague el peaje establecido en estos casos.
Un tema vital y muy sentido es la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, que a decir de algunos expertos rondan el 32%. Aqui las propuestas giran en torno a que se realicen las inversiones necesarias, que se garantice un servicio de calidad para aumentar la cobraza, que se eficientice la gestión de las EDE. Una propuesta que puede traer debate es que se privatice la comercialización de la energía.
ASPECTOS TARIFARIOS Y FINANCIEROS
Unas 156 propuestas fueron recibidas para este eje, expresándose la necesidad de transparencia con respecto a la tarifa técnica, para lo que se pide que se aseguren los mecanismos que permitan reflejar el costo real del consumo, pero sobre todo que se cumpla lo que establece la Ley General de Electricidad. Otro tema relevante es sobre el subsidio eléctrico. Sobre esto se plantea focalizarlo hacia los sectores más necesitados, que se desmonte el subsidio del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que se eliminen los subsidios cruzados y que se retribuya a las EDE el subsidio. En esta parte, se expresa el interés de que se cumpla con el artículo 25 del decreto 494-10, para que los Usuarios No Regulados paguen a las EDE el 10% de lo que se ahorran por el privilegio de comprar directamente a los generadores.
Se expusieron varias propuestas para la realización de planes y programas, estrategias y acciones de políticas lideradas por el Gobierno y las entidades especializadas del sector eléctrico.
Los actores se expresaron en función de que se logre transparentar los pasivos y aportes estatales a las empresas públicas del sector y que se asegure el cumplimiento de las normas contables y financieras nacionales e internacionales.
CONSUMIDORES
El respeto a los derechos de los consumidores, la calidad y garantía del servicio eléctrico, la reducción de 30% en la tarifa, la compensación del pago por apagones, la transparencia de las garantías y los depósitos, son algunos de los temas expuestos para el debate de este eje que concentró unas 256 propuestas.
Los actores de esta mesa deberán abordar las posibilidades de satisfacción de la demanda de los usuarios o consumidores en función de que se garantice el servicio permanente de energía eléctrica (24 horas). Además se deberá debatir la pertinencia de que se subsidie la tarifa de los pequeños y medianos empresarios (Mipymes).
También se reclama una mayor efectividad de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en la supervisión y auditoría para el cumplimiento de las normas por parte de las EDE y la penalización de las malas prácticas de las mismas. Se propone que se cree un Centro de Control para medición y monitoreo del consumo eléctrico de instituciones gubernamentales (medición factor de potencia).
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