La odisea de esperar pago por expropiación
Algunos propietarios tienen que esperar años para cobrar por la venta de sus parcelas, que han sido declaradas de utilidad pública por decreto presidencial para la construcción de obras.
Santo Domingo
El señor Marcial Reyes tiene 58 años de edad y de esos lleva 18 en un proceso judicial, junto con otros familiares, en demanda de que el Estado les pague por la expropiación de 330 mil metros de terrenos declarados de utilidad pública en el año 1953, propiedad de su bisabuelo Agustín Reyes O Ben.
En el año 1998 inició el proceso judicial en reclamo del pago de los bienes expropiados en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina a su bisabuelo, para la construcción del ahora Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Pese a que a esta familia, compuesta por alrededor de 200 personas, cuentan con una sentencia del Tribunal de Tierras que ordena pagar un monto de 1,500 millones de pesos, el Estado ha incumplido.
El fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Tierras y recurrido por el Ministerio de Hacienda por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Proceso costoso
Marcial y demás familiares solo cuentan con las sentencias que ordenan pagar.
“Yo tengo 18 años luchando con esto, gasté los pocos recursos que tenía, los gastos han sido cuantiosos, son muchos, muchos...”, sostiene, sin poder dar una cifra porque dice son incuantificables.
Al ser una familia tan numerosa, confiesa también que ponerse de acuerdo para cubrir los gastos y avanzar en el proceso ha constituido un problema. Asimismo han tenido que apoderar a varios abogados.
Aunque la expropiación ocurrió en la pasada dictadura de Trujillo, ninguno de los gobiernos que han sucedido, han saldado esa deuda.
“Trujillo los desalojó a todos y hasta el día de hoy, le han pagado a los pudientes, a los que tenían condiciones, pero a nosotros, los más pobres, los más humildes, no nos han dado nada”, expresa Reyes.
Apela a la sensibilidad del presidente Danilo Medina y de los jueces de la Tercera Sala de la SCJ para que sea ratificada la sentencia.
“Queremos ver si el presidente Danilo se conduele de tantas familias que vivimos en necesidad, que están muriendo, que en el caso de mi madre y de algunos más, han muerto por falta de medicinas”, asegura.
Recuerda que su madre le decía que su familia se crió en los terrenos expropiados, por lo que para ella representaba un valor sentimental.
“Le prometía que algún día íbamos a conseguir eso para que ella cambiara de vida”, cuenta. Ella murió tras siete años de iniciar el proceso judicial, sin ver un resultado. “Después de ella muerta seguimos en la misma situación, trancados en los tribunales”, lamenta.
Envejecieron sin ver el pago
Igual que la familia Reyes, los hermanos Olga y Juan Novas Muñoz han pasado un viacrucis en reclamo del pago por la expropiación de dos parcelas.
Sus propiedades, de unos 220 metros, fueron declaradas de utilidad pública mediante el decreto 1815, del 16 de marzo de 1976, “para la continuación de las obras urbanísticas del entorno de la ciudad de Santiago”.
Ante la desesperación, han enviado cartas a diferentes presidentes, debido a que no han podido cobrar, pese a ser ordenado por sentencias.
En carta enviada al entonces presidente Leonel Fernández, le explicaron que nunca hicieron oposición a los asentamientos, ni a las construcciones que se hicieron en sus propiedades, porque siempre se les aseguró que se les pagaría, pero solo han recibido promesas.
“El Estado dominicano utilizó 220,608 mt2 de terreno de nuestra propiedad y queremos que se haga el pago de los mismos, porque miles de personas se han beneficiado con nuestra propiedad y lo más justo es que los propietarios también se beneficien con el pago correspondiente”, señalaron.
Otra carta fue enviada al entonces presidente Hipólito Mejía. Los hermanos Olga y Juan Nova Muñoz, de 84 y 89 años, respectivamente, se encuentran enfermos, según su abogado, Omar Michel Suero.
“Los afectados son dos personas ancianas, la señora Olga ha estado muy delicada de salud, ha estado convaleciente, en cama”, expresa su abogado, quien explicó que los hermanos no quisieron acceder a la entrevista solicitada por LISTÍN DIARIO.
El área donde se construyó el entonces aeropuerto internacional Punta Caucedo en 1955 (ahora Aeropuerto Internacional de Las Américas) era propiedad de las familias Reyes O Ben y Peña Batlle. El abogado Ángel Lockward, representante de los reclamantes, señaló que Trujillo le fue pagando a la familia Peña Batlle, que era importante del país, pero nunca a los más humildes.
Hace cinco años se produjo la primera sentencia que ordena el pago y todavía la familia Reyes espera.
Dice que son personas que viven del chiripeo, en ranchos con piso de tierra y sin tener a veces qué comer, pese a ser dueños de 1,500 millones de pesos que el Estado les adeuda.
(+) HACIENDA PAGA A 31 PROPIETARIOS
Pese a la vicisitudes por la que han pasado algunos propietarios, el Ministerio de Hacienda registra pagos por expropiaciones por un monto de 633 millones 422,680 pesos, entre el 2013 y el 2015, correspondientes a 31 propietarios.
La mayor partida anual fue erogada en el 2014, por 28 2millones 562,010 pesos. En el 2013, fue de 222 millones, 027,900; mientras que en el 2015 un total de 128 millones, 770 mil pesos.
Los pagos fueron realizados a 31 propietarios. El monto menor fue de 500,000 pesos, el cual se hizo a la señora Jesús María Alcántara; y el mayor, fue de 90 millones de pesos, el cual recibieron los hermanos Mélido y Cristóbal Marte.
En un informe del Ministerio de Hacienda, firmado por el ministro Simón Lizardo, se hace constar que en el 201 2no se consignaron partidas por ese concepto.
Las estadísticas fueron suministradas vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. No se incluyen la cantidad de solicitudes pendientes de pago por expropiaciones, pese a ser solicitadas.
Los montos pagados corresponden a expropiaciones realizadas a través de varias instituciones, cuyo pago corresponde a Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público.
Las instituciones que utilizaron las propiedades expropiadas fueron los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Situación precaria
Marcial, al igual que la mayoría de los demás familiares, vive en una situación precaria. Todos han puesto la esperanza en ese proceso para mejorar su condición de vida”, según contó.
Piensa que si hubiese recibido la parte que le corresponde, hubiese proporcionado un mejor futuro a sus cuatro hijos, a los cuales no pudo enviar a la universidad.
El último de ellos, dice, que tenía un mayor entusiasmo, tuvo que dedicarse a trabajar para ayudarlo con el sustento del hogar.
Marcial, quien enviudó hace 11 años, se encargó solo de la crianza de sus hijos.
“Yo he sido padre y madre”, comenta. Tenía una pequeña panadería que quebró hace unos años y ahora está desempleado. Considera que por su edad tiene pocas probabilidades de conseguir un trabajo, por lo que vive con lo poco que sus hijos le pueden suministrar, pues sostiene que tampoco tienen buenos empleos”.
Vive en una casa alquilada en Boca Chica, por la que, con la ayuda de los hijos, paga 7,000 pesos, más el servicio de luz y de agua.
Recuerda que anteriormente vivía en casa de su madre, pero al ella morir en el 2005, fue vendida, de lo cual a él solo le tocaron 90 mil pesos, insuficiente para comprar una vivienda.
“Al presidente Medina, que como él es un hombre sano y decente, y dijo que vino a hacer lo que nunca se ha hecho, que trate de hacer algo por esta familia, que nos estamos cayendo a pedazos”, clama
Santo Domingo
El señor Marcial Reyes tiene 58 años de edad y de esos lleva 18 en un proceso judicial, junto con otros familiares, en demanda de que el Estado les pague por la expropiación de 330 mil metros de terrenos declarados de utilidad pública en el año 1953, propiedad de su bisabuelo Agustín Reyes O Ben.
En el año 1998 inició el proceso judicial en reclamo del pago de los bienes expropiados en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina a su bisabuelo, para la construcción del ahora Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Pese a que a esta familia, compuesta por alrededor de 200 personas, cuentan con una sentencia del Tribunal de Tierras que ordena pagar un monto de 1,500 millones de pesos, el Estado ha incumplido.
El fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Tierras y recurrido por el Ministerio de Hacienda por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Proceso costoso
Marcial y demás familiares solo cuentan con las sentencias que ordenan pagar.
“Yo tengo 18 años luchando con esto, gasté los pocos recursos que tenía, los gastos han sido cuantiosos, son muchos, muchos...”, sostiene, sin poder dar una cifra porque dice son incuantificables.
Al ser una familia tan numerosa, confiesa también que ponerse de acuerdo para cubrir los gastos y avanzar en el proceso ha constituido un problema. Asimismo han tenido que apoderar a varios abogados.
Aunque la expropiación ocurrió en la pasada dictadura de Trujillo, ninguno de los gobiernos que han sucedido, han saldado esa deuda.
“Trujillo los desalojó a todos y hasta el día de hoy, le han pagado a los pudientes, a los que tenían condiciones, pero a nosotros, los más pobres, los más humildes, no nos han dado nada”, expresa Reyes.
Apela a la sensibilidad del presidente Danilo Medina y de los jueces de la Tercera Sala de la SCJ para que sea ratificada la sentencia.
“Queremos ver si el presidente Danilo se conduele de tantas familias que vivimos en necesidad, que están muriendo, que en el caso de mi madre y de algunos más, han muerto por falta de medicinas”, asegura.
Recuerda que su madre le decía que su familia se crió en los terrenos expropiados, por lo que para ella representaba un valor sentimental.
“Le prometía que algún día íbamos a conseguir eso para que ella cambiara de vida”, cuenta. Ella murió tras siete años de iniciar el proceso judicial, sin ver un resultado. “Después de ella muerta seguimos en la misma situación, trancados en los tribunales”, lamenta.
Envejecieron sin ver el pago
Igual que la familia Reyes, los hermanos Olga y Juan Novas Muñoz han pasado un viacrucis en reclamo del pago por la expropiación de dos parcelas.
Sus propiedades, de unos 220 metros, fueron declaradas de utilidad pública mediante el decreto 1815, del 16 de marzo de 1976, “para la continuación de las obras urbanísticas del entorno de la ciudad de Santiago”.
Ante la desesperación, han enviado cartas a diferentes presidentes, debido a que no han podido cobrar, pese a ser ordenado por sentencias.
En carta enviada al entonces presidente Leonel Fernández, le explicaron que nunca hicieron oposición a los asentamientos, ni a las construcciones que se hicieron en sus propiedades, porque siempre se les aseguró que se les pagaría, pero solo han recibido promesas.
“El Estado dominicano utilizó 220,608 mt2 de terreno de nuestra propiedad y queremos que se haga el pago de los mismos, porque miles de personas se han beneficiado con nuestra propiedad y lo más justo es que los propietarios también se beneficien con el pago correspondiente”, señalaron.
Otra carta fue enviada al entonces presidente Hipólito Mejía. Los hermanos Olga y Juan Nova Muñoz, de 84 y 89 años, respectivamente, se encuentran enfermos, según su abogado, Omar Michel Suero.
“Los afectados son dos personas ancianas, la señora Olga ha estado muy delicada de salud, ha estado convaleciente, en cama”, expresa su abogado, quien explicó que los hermanos no quisieron acceder a la entrevista solicitada por LISTÍN DIARIO.
El área donde se construyó el entonces aeropuerto internacional Punta Caucedo en 1955 (ahora Aeropuerto Internacional de Las Américas) era propiedad de las familias Reyes O Ben y Peña Batlle. El abogado Ángel Lockward, representante de los reclamantes, señaló que Trujillo le fue pagando a la familia Peña Batlle, que era importante del país, pero nunca a los más humildes.
Hace cinco años se produjo la primera sentencia que ordena el pago y todavía la familia Reyes espera.
Dice que son personas que viven del chiripeo, en ranchos con piso de tierra y sin tener a veces qué comer, pese a ser dueños de 1,500 millones de pesos que el Estado les adeuda.
(+) HACIENDA PAGA A 31 PROPIETARIOS
Pese a la vicisitudes por la que han pasado algunos propietarios, el Ministerio de Hacienda registra pagos por expropiaciones por un monto de 633 millones 422,680 pesos, entre el 2013 y el 2015, correspondientes a 31 propietarios.
La mayor partida anual fue erogada en el 2014, por 28 2millones 562,010 pesos. En el 2013, fue de 222 millones, 027,900; mientras que en el 2015 un total de 128 millones, 770 mil pesos.
Los pagos fueron realizados a 31 propietarios. El monto menor fue de 500,000 pesos, el cual se hizo a la señora Jesús María Alcántara; y el mayor, fue de 90 millones de pesos, el cual recibieron los hermanos Mélido y Cristóbal Marte.
En un informe del Ministerio de Hacienda, firmado por el ministro Simón Lizardo, se hace constar que en el 201 2no se consignaron partidas por ese concepto.
Las estadísticas fueron suministradas vía la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. No se incluyen la cantidad de solicitudes pendientes de pago por expropiaciones, pese a ser solicitadas.
Los montos pagados corresponden a expropiaciones realizadas a través de varias instituciones, cuyo pago corresponde a Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público.
Las instituciones que utilizaron las propiedades expropiadas fueron los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), y el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Situación precaria
Marcial, al igual que la mayoría de los demás familiares, vive en una situación precaria. Todos han puesto la esperanza en ese proceso para mejorar su condición de vida”, según contó.
Piensa que si hubiese recibido la parte que le corresponde, hubiese proporcionado un mejor futuro a sus cuatro hijos, a los cuales no pudo enviar a la universidad.
El último de ellos, dice, que tenía un mayor entusiasmo, tuvo que dedicarse a trabajar para ayudarlo con el sustento del hogar.
Marcial, quien enviudó hace 11 años, se encargó solo de la crianza de sus hijos.
“Yo he sido padre y madre”, comenta. Tenía una pequeña panadería que quebró hace unos años y ahora está desempleado. Considera que por su edad tiene pocas probabilidades de conseguir un trabajo, por lo que vive con lo poco que sus hijos le pueden suministrar, pues sostiene que tampoco tienen buenos empleos”.
Vive en una casa alquilada en Boca Chica, por la que, con la ayuda de los hijos, paga 7,000 pesos, más el servicio de luz y de agua.
Recuerda que anteriormente vivía en casa de su madre, pero al ella morir en el 2005, fue vendida, de lo cual a él solo le tocaron 90 mil pesos, insuficiente para comprar una vivienda.
“Al presidente Medina, que como él es un hombre sano y decente, y dijo que vino a hacer lo que nunca se ha hecho, que trate de hacer algo por esta familia, que nos estamos cayendo a pedazos”, clama
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