Puerto Rico pide inmigrantes estar alerta a cambios en política migratoria de EEUU
LOS INMIGRANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO SON LAS COMUNIDADES MÁS AMPLIAS QUE NO HA ALCANZADO UN ESTATUS MIGRATORIO DEFINIDO EN LA ISLA
San Juan
Puerto Rico se unió ayer al llamado de los cónsules de América Latina en EE.UU. para que la comunidad inmigrante de la isla esté "alerta y activa" ante los posibles cambios en los programas de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y para los Llegados en la Infancia (DACA).
Coincidiendo con el tercer aniversario de la aprobación del DACA, el secretario de Estado de Puerto Rico, David Bernier, ofreció ayer una conferencia de prensa acompañado de los cónsules de México, Orlando Arvizu, y de República Dominicana, Franklin Grullón.
República Dominicana y México son los países de origen de las comunidades de inmigrantes más amplias que no ha alcanzado un estatus migratorio definido en la isla, ya que los procedentes de Cuba están protegidos por una ley especial que rige en todo EE.UU.
"Estamos llamando la atención a la ciudadanía en unión al secretario de Estado de Puerto Rico sobre la suspensión temporal emitida por el Tribunal Federal respecto de la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia", dijo Arvizu.
"Si alguien le ofrece apoyo para realizar los trámites de aplicación para esta nueva Acción Ejecutiva está tratando de engañarle", alertó Grullón.
El pasado 20 de noviembre, el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció nuevos alivios migratorios mediante programas de "acción diferida" ante la falta de acción en el Congreso para sacar adelante una reforma migratoria integral.
Uno pretendía frenar la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con una situación permanente estable (DAPA) y otro quería ampliar el programa de DACA, de forma que los "dreamers" -adolescentes llegados al país siendo niños- pudieran acogerse a las medidas de alivio de las leyes migratorias por un periodo de tres años, en vez de por dos como hasta ahora.
Ambos programas pueden beneficiar a unos 4,5 millones de personas al ofrecerles, como solución temporal, un permiso de trabajo durante tres años para permanecer en el territorio nacional, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.
Sin embargo, el pasado 16 de febrero el juez de distrito de Texas Andrew Hanen decidió congelar ambas órdenes y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminarlas definitivamente.
Esta decisión fue mantenida el pasado 26 de mayo por un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans (Luisiana). El Departamento de Justicia planea apelar la decisión a principios de julio.
El secretario de Estado de Puerto Rico apuntó ayer que el DACA y el DAPA no son trámites de residencia ni de ciudadanía, sino acciones que "buscan permitir un permiso de trabajo y otros beneficios, sin cambiar el estatus migratorio".
"Recomendamos a todo inmigrante sin estatus definido que evalúe si cualifica y cumple con los requerimientos, pero que lo haga con la debida consulta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y a la Oficina de Orientación y Servicios al Inmigrante de nuestro Departamento de Estado", dijo Bernier.
Con el programa actual, es necesario haber entrado en el país con anterioridad al 15 de junio de 2007 y ser menor de 30 años, pero el Gobierno de Obama quería eliminar el techo de edad para que pudieran beneficiarse los jóvenes que residen en el país desde enero de 2010.
De producirse, este cambio permitirá recibir el amparo migratorio por primera vez a muchos jóvenes, que el pasado febrero se quedaron a unas horas de poder presentar sus solicitudes debido al revés de la Justicia estadounidense.
Hasta el momento, un total de 664.607 jóvenes indocumentados que viven en EE.UU. consiguieron frenar su deportación mediante el DACA, según datos de la Oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
Desde el anuncio del programa, el 15 de junio de 2012, la USCIS ha recibido 794.501 solicitudes, de las que ha denegado 43.375 y no se ha pronunciado sobre 40.807.
San Juan
Puerto Rico se unió ayer al llamado de los cónsules de América Latina en EE.UU. para que la comunidad inmigrante de la isla esté "alerta y activa" ante los posibles cambios en los programas de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y para los Llegados en la Infancia (DACA).
Coincidiendo con el tercer aniversario de la aprobación del DACA, el secretario de Estado de Puerto Rico, David Bernier, ofreció ayer una conferencia de prensa acompañado de los cónsules de México, Orlando Arvizu, y de República Dominicana, Franklin Grullón.
República Dominicana y México son los países de origen de las comunidades de inmigrantes más amplias que no ha alcanzado un estatus migratorio definido en la isla, ya que los procedentes de Cuba están protegidos por una ley especial que rige en todo EE.UU.
"Estamos llamando la atención a la ciudadanía en unión al secretario de Estado de Puerto Rico sobre la suspensión temporal emitida por el Tribunal Federal respecto de la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia", dijo Arvizu.
"Si alguien le ofrece apoyo para realizar los trámites de aplicación para esta nueva Acción Ejecutiva está tratando de engañarle", alertó Grullón.
El pasado 20 de noviembre, el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció nuevos alivios migratorios mediante programas de "acción diferida" ante la falta de acción en el Congreso para sacar adelante una reforma migratoria integral.
Uno pretendía frenar la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con una situación permanente estable (DAPA) y otro quería ampliar el programa de DACA, de forma que los "dreamers" -adolescentes llegados al país siendo niños- pudieran acogerse a las medidas de alivio de las leyes migratorias por un periodo de tres años, en vez de por dos como hasta ahora.
Ambos programas pueden beneficiar a unos 4,5 millones de personas al ofrecerles, como solución temporal, un permiso de trabajo durante tres años para permanecer en el territorio nacional, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan.
Sin embargo, el pasado 16 de febrero el juez de distrito de Texas Andrew Hanen decidió congelar ambas órdenes y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminarlas definitivamente.
Esta decisión fue mantenida el pasado 26 de mayo por un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans (Luisiana). El Departamento de Justicia planea apelar la decisión a principios de julio.
El secretario de Estado de Puerto Rico apuntó ayer que el DACA y el DAPA no son trámites de residencia ni de ciudadanía, sino acciones que "buscan permitir un permiso de trabajo y otros beneficios, sin cambiar el estatus migratorio".
"Recomendamos a todo inmigrante sin estatus definido que evalúe si cualifica y cumple con los requerimientos, pero que lo haga con la debida consulta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y a la Oficina de Orientación y Servicios al Inmigrante de nuestro Departamento de Estado", dijo Bernier.
Con el programa actual, es necesario haber entrado en el país con anterioridad al 15 de junio de 2007 y ser menor de 30 años, pero el Gobierno de Obama quería eliminar el techo de edad para que pudieran beneficiarse los jóvenes que residen en el país desde enero de 2010.
De producirse, este cambio permitirá recibir el amparo migratorio por primera vez a muchos jóvenes, que el pasado febrero se quedaron a unas horas de poder presentar sus solicitudes debido al revés de la Justicia estadounidense.
Hasta el momento, un total de 664.607 jóvenes indocumentados que viven en EE.UU. consiguieron frenar su deportación mediante el DACA, según datos de la Oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
Desde el anuncio del programa, el 15 de junio de 2012, la USCIS ha recibido 794.501 solicitudes, de las que ha denegado 43.375 y no se ha pronunciado sobre 40.807.
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