Familiares pueden negociar liberación
EL GOBIERNO NO PAGA POR LOS RESCATES
Washington
El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció ayerque su Gobierno podrá comunicarse con los grupos terroristas que tengan a estadounidenses secuestrados en el extranjero, y que no procesará judicialmente a ningún familiar de esos rehenes que decida pagar un rescate por su liberación.
Obama reconoció que ha habido fallos en la forma en la que su Gobierno ha lidiado con los familiares de los rehenes estadounidenses en el extranjero, después de reunirse en la Casa Blanca con unos 40 parientes de estadounidenses que estuvieron o están secuestrados en todo el mundo.
“Es cierto que ha habido veces en las que nuestro Gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, les ha decepcionado.
Les he prometido que podemos hacerlo mejor”, indicó Obama.
El mandatario anunció una serie de cambios a la política del Gobierno en lo relativo a los estadounidenses secuestrados en el extranjero y a sus parientes, tras completar una revisión que él mismo encargó el año pasado ante las quejas de varios familiares.
Esas críticas se acentuaron a raíz de los casos de los rehenes estadounidenses decapitados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que en el último año ha matado a cuatro norteamericanos: los periodistas James Foley y Steven Sotloff y los trabajadores humanitarios Peter Kassig y Kayla Mueller.
Varios familiares de esos y otros estadounidenses cautivos han calificado de inco- herente la asistencia que les aportaron las autoridades, y algunos aseguraron haber recibido amenazas de ser juzgados si trataban de pagar un rescate para liberarlos.
El Gobierno de EE.UU. mantiene desde hace décadas la posición de no pagar rescates por la liberación de estadounidenses secuestrados por terroristas, y hoy Obama subrayó que esa política sigue en pie.
“Creo firmemente que si el Gobierno de EE.UU. paga rescates a terroristas, se arriesgaría a poner en peligro a más estadounidenses y financiaría el terrorismo que estamos tratando de parar”, afirmó.
No obstante, aclaró que el Departamento de Justicia no va a procesar a ningún estadounidense que decida pagar por su cuenta un rescate por la liberación de su familiar secuestrado, a pesar de que una ley de EE.UU. tipifica como un crimen dar dinero a terroristas.
REACCIONES AL CAMBIO DE LA POLÍTICA ACTUAL
El anuncio de Obama ha suscitado críticas de algunos republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que consideran que las consecuencias serán las mismas si las organizaciones terroristas reciben un rescate de las familias que si lo hubieran obtenido del Gobierno. “Durante más de 200 años, hemos tenido una política de no pagar rescates y no negociar con terroristas.
Lo que me preocupa es que al levantar este principio se ponga en peligro a más estadounidenses, aquí y en el extranjero”, indicó Boehner a periodistas. Las nuevas medidas tampoco han satisfecho a todos los familiares de rehenes, que en algunos casos siguen irritados por el hecho de que Obama hiciera una excepción a su política de no negociar la liberación de rehenes en el caso del sargento Bowe Bergdahl.
Washington
El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció ayerque su Gobierno podrá comunicarse con los grupos terroristas que tengan a estadounidenses secuestrados en el extranjero, y que no procesará judicialmente a ningún familiar de esos rehenes que decida pagar un rescate por su liberación.
Obama reconoció que ha habido fallos en la forma en la que su Gobierno ha lidiado con los familiares de los rehenes estadounidenses en el extranjero, después de reunirse en la Casa Blanca con unos 40 parientes de estadounidenses que estuvieron o están secuestrados en todo el mundo.
“Es cierto que ha habido veces en las que nuestro Gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, les ha decepcionado.
Les he prometido que podemos hacerlo mejor”, indicó Obama.
El mandatario anunció una serie de cambios a la política del Gobierno en lo relativo a los estadounidenses secuestrados en el extranjero y a sus parientes, tras completar una revisión que él mismo encargó el año pasado ante las quejas de varios familiares.
Esas críticas se acentuaron a raíz de los casos de los rehenes estadounidenses decapitados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que en el último año ha matado a cuatro norteamericanos: los periodistas James Foley y Steven Sotloff y los trabajadores humanitarios Peter Kassig y Kayla Mueller.
Varios familiares de esos y otros estadounidenses cautivos han calificado de inco- herente la asistencia que les aportaron las autoridades, y algunos aseguraron haber recibido amenazas de ser juzgados si trataban de pagar un rescate para liberarlos.
El Gobierno de EE.UU. mantiene desde hace décadas la posición de no pagar rescates por la liberación de estadounidenses secuestrados por terroristas, y hoy Obama subrayó que esa política sigue en pie.
“Creo firmemente que si el Gobierno de EE.UU. paga rescates a terroristas, se arriesgaría a poner en peligro a más estadounidenses y financiaría el terrorismo que estamos tratando de parar”, afirmó.
No obstante, aclaró que el Departamento de Justicia no va a procesar a ningún estadounidense que decida pagar por su cuenta un rescate por la liberación de su familiar secuestrado, a pesar de que una ley de EE.UU. tipifica como un crimen dar dinero a terroristas.
REACCIONES AL CAMBIO DE LA POLÍTICA ACTUAL
El anuncio de Obama ha suscitado críticas de algunos republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, que consideran que las consecuencias serán las mismas si las organizaciones terroristas reciben un rescate de las familias que si lo hubieran obtenido del Gobierno. “Durante más de 200 años, hemos tenido una política de no pagar rescates y no negociar con terroristas.
Lo que me preocupa es que al levantar este principio se ponga en peligro a más estadounidenses, aquí y en el extranjero”, indicó Boehner a periodistas. Las nuevas medidas tampoco han satisfecho a todos los familiares de rehenes, que en algunos casos siguen irritados por el hecho de que Obama hiciera una excepción a su política de no negociar la liberación de rehenes en el caso del sargento Bowe Bergdahl.
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