Creen hay resistencia a la fiscalización de fondos
MARTE DE BARRIOS DICE ACCIONES DE LA CC SE AJUSTAN ESTRICTAMENTE A LA LEY
La resistencia a que las cuentas sean auditadas es una constante en el manejo de los fondos públicos en las instituciones dominicanas ya sean del gobierno central, de las entidades autónomas o de los partidos políticos, todos los cuales reciben dinero de los contribuyentes. Es el terror a la fiscalización.
Parecería un mal nacional contra el cual chocan las acciones que viene realizando la Cámara de Cuentas de la República, cuyos reclamos no son entendidos por los que manejan los fondos, ponen poco caso por razones del predominio político o la costumbre de impunidad.
Con la vergüenza perdida en el país los funcionarios no tienen la preocupación del qué dirán, de enfrentar las reclamaciones de los medios de comunicación que toman buena nota de las auditorías que publica la CC, o de que sus casos vayan a parar a los tribunales del país.
Las inobservancias de las normas para el manejo de los fondos públicos podrían ser algo general si se anotan las advertencias que ha hecho últimamente el órgano auditor del Estado a muchos ayuntamientos, a los principales hospitales de la red de Salud Pública y a algunos partidos.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, que a veces ha sido objeto de ataques por los directivos cuyas instituciones manejan fondos y son objeto de observaciones, dijo recientemente que las acciones de la CC se ajustan estrictamente a la ley.
Citó el artículo 36 de la Ley 10-04 que da autoridad para que la CC solicite toda la información, ya sea verbal o escrita, así como la documentación que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones como órgano fiscalizador, sobre el manejo de los fondos públicos.
La Cámara puede, al amparo de la Ley, requerir la documentación de manera conminatoria, dándole un plazo prorrogable que llega hasta los 30 días a las entidades auditadas so pena de imponer responsabilidades y sanciones administrativas en caso de no obtemperar. En cuanto a disposiciones legales el Estado dominicano podría no estar fallando. Hay un muro de resistencia de los funcionarios a que las instituciones sean fiscalizadas o a presentar sus Declaraciones Juradas de Patrimonio al asumir el cargo y al momento de su abandono.
El pasado 8 de agosto el Poder Ejecutivo dictó la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la cual obliga a todo funcionario que haya sido designado o cesado en sus funciones en una fecha posterior a la promulgación, a presentar dicha Declaración Jurada.
Hospitales y partidos
Los hospitales públicos y los partidos políticos han causado dolores de cabeza a la institución fiscalizadora. En un reciente informe la CC colgó en su página web que sus auditores encontraron irregularidades en cuatro partidos políticos y en seis hospitales de la red del Estado.
El caso de los partidos es recurrente. Esta vez se informa que los auditores encontraron irregularidades en la Alianza Social Dominicana (ASD), Demócrata Popular, (PDP), de los Trabajadores Dominicanos, (PTD), Demócrata Institucional (PDI) y Socialista Verde (PASOVE), que reciben fondos de la JCE.
Entre las irregularidades compartidas por los partidos figura el haber otorgado préstamos y efectuar desembolsos sin las facturas y documentos de soportes correspondientes, emisión de cheques sin la documentación justificativa y otras debilidades de control interno.
Lo más serio podría ser el envío a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de la auditoría de la ASD y del PASOVE, por considerar que no fueron observadas las prescripciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio en materia de administración de los recursos públicos.
El tema de la inobservancia de las normas en los partidos ha sido recurrente. Por esa razón muchos sectores se han pronunciado a favor de que mediante la nueva ley de partidos que duerme un largo sueño en las cámaras legislativas, se controlen los pagos sin fiscalización.
Al parecer los dirigentes políticos, que no desean ser auditados ni gustarían presentar sus declaraciones juradas cuando asumen posiciones públicas, tampoco desean que se auditen las instituciones que dirigen cuando los auditores de la CC fiscalizan a las entidades que manejan fondos, no a las personas a título particular.
Las revelaciones sobre el mal manejo en los hospitales públicos ha llamado mucho la atención porque con lo señalado como incoherencias y falta de controles, se podría haber contribuido al equipamiento y a mejorar el estado de esas instituciones.
Según la CC los auditores encontraron incoherencias en el manejo de más de l00 millones de pesos en el hospital Luis Aybar y su Unidad de Quemados. En el hospital Doctor Calventi las anomalías ascendieron a 216 millones entre violaciones a la Ley de Contratación y pagos de impuestos.
En la Maternidad La Altagracia las anomalías superaron los 100 millones por violaciones a la Ley de Compra y Contrataciones, retenciones no transparentadas y bonificaciones sin normativa. En el hospital Juan Bosch las anomalías alcanzaron los 296 millones por sobregiro en la compra de materiales de oficina, transporte, Internet, alimentos, bebidas, entre otros.
En el hospital Marcelino Vélez Santana las anomalías ascendieron a 591 millones por uso de recursos y cobro de deudas, adquisición de bienes e Itebis no transparentado, compra de medicamentos.
Los auditores encontraron que los departamentos especializados del hospital José María Cabral y Báez no reportaron a la dirección del centro los recursos obtenidos por concepto de cuotas de recuperación. Dijeron que en el año 2010 el hospital recibió ingresos por cuotas de recuperación por 13,852,495.54, pero tales recursos fueron manejados de forma irregular.
En el caso de los ayuntamientos la situación ha sido también muy grave. Recientemente miles de personas salieron a las calles en San Cristóbal para repudiar a su alcalde, el expelotero Raúl Mondesí por lo que denunciaron como corrupción y mal manejo de los recursos municipales.
El escándalo es mayor en la ciudad de San Francisco de Macorís donde detractores y partidarios del alcalde de esa ciudad han salido a las calles, unos a denunciarlo y otros a defenderlo. En los casos de las dos ciudades, auditorías de la CC han encontrado repetidas irregularidades.
La CC ha tenido que utilizar en algunos casos la fuerza pública y la fiscalía para que los munícipes hagan entrega de los informes de auditoría que les son requeridos. Ignoran que la Ley de Cámara de Cuentas en su artículo 56 se refiere al desacato y a las sanciones de prisión y multa que conlleva rehusar la colaboración para que la institución cumpla su cometido.
La resistencia a que las cuentas sean auditadas es una constante en el manejo de los fondos públicos en las instituciones dominicanas ya sean del gobierno central, de las entidades autónomas o de los partidos políticos, todos los cuales reciben dinero de los contribuyentes. Es el terror a la fiscalización.
Parecería un mal nacional contra el cual chocan las acciones que viene realizando la Cámara de Cuentas de la República, cuyos reclamos no son entendidos por los que manejan los fondos, ponen poco caso por razones del predominio político o la costumbre de impunidad.
Con la vergüenza perdida en el país los funcionarios no tienen la preocupación del qué dirán, de enfrentar las reclamaciones de los medios de comunicación que toman buena nota de las auditorías que publica la CC, o de que sus casos vayan a parar a los tribunales del país.
Las inobservancias de las normas para el manejo de los fondos públicos podrían ser algo general si se anotan las advertencias que ha hecho últimamente el órgano auditor del Estado a muchos ayuntamientos, a los principales hospitales de la red de Salud Pública y a algunos partidos.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, que a veces ha sido objeto de ataques por los directivos cuyas instituciones manejan fondos y son objeto de observaciones, dijo recientemente que las acciones de la CC se ajustan estrictamente a la ley.
Citó el artículo 36 de la Ley 10-04 que da autoridad para que la CC solicite toda la información, ya sea verbal o escrita, así como la documentación que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones como órgano fiscalizador, sobre el manejo de los fondos públicos.
La Cámara puede, al amparo de la Ley, requerir la documentación de manera conminatoria, dándole un plazo prorrogable que llega hasta los 30 días a las entidades auditadas so pena de imponer responsabilidades y sanciones administrativas en caso de no obtemperar. En cuanto a disposiciones legales el Estado dominicano podría no estar fallando. Hay un muro de resistencia de los funcionarios a que las instituciones sean fiscalizadas o a presentar sus Declaraciones Juradas de Patrimonio al asumir el cargo y al momento de su abandono.
El pasado 8 de agosto el Poder Ejecutivo dictó la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la cual obliga a todo funcionario que haya sido designado o cesado en sus funciones en una fecha posterior a la promulgación, a presentar dicha Declaración Jurada.
Hospitales y partidos
Los hospitales públicos y los partidos políticos han causado dolores de cabeza a la institución fiscalizadora. En un reciente informe la CC colgó en su página web que sus auditores encontraron irregularidades en cuatro partidos políticos y en seis hospitales de la red del Estado.
El caso de los partidos es recurrente. Esta vez se informa que los auditores encontraron irregularidades en la Alianza Social Dominicana (ASD), Demócrata Popular, (PDP), de los Trabajadores Dominicanos, (PTD), Demócrata Institucional (PDI) y Socialista Verde (PASOVE), que reciben fondos de la JCE.
Entre las irregularidades compartidas por los partidos figura el haber otorgado préstamos y efectuar desembolsos sin las facturas y documentos de soportes correspondientes, emisión de cheques sin la documentación justificativa y otras debilidades de control interno.
Lo más serio podría ser el envío a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de la auditoría de la ASD y del PASOVE, por considerar que no fueron observadas las prescripciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio en materia de administración de los recursos públicos.
El tema de la inobservancia de las normas en los partidos ha sido recurrente. Por esa razón muchos sectores se han pronunciado a favor de que mediante la nueva ley de partidos que duerme un largo sueño en las cámaras legislativas, se controlen los pagos sin fiscalización.
Al parecer los dirigentes políticos, que no desean ser auditados ni gustarían presentar sus declaraciones juradas cuando asumen posiciones públicas, tampoco desean que se auditen las instituciones que dirigen cuando los auditores de la CC fiscalizan a las entidades que manejan fondos, no a las personas a título particular.
Las revelaciones sobre el mal manejo en los hospitales públicos ha llamado mucho la atención porque con lo señalado como incoherencias y falta de controles, se podría haber contribuido al equipamiento y a mejorar el estado de esas instituciones.
Según la CC los auditores encontraron incoherencias en el manejo de más de l00 millones de pesos en el hospital Luis Aybar y su Unidad de Quemados. En el hospital Doctor Calventi las anomalías ascendieron a 216 millones entre violaciones a la Ley de Contratación y pagos de impuestos.
En la Maternidad La Altagracia las anomalías superaron los 100 millones por violaciones a la Ley de Compra y Contrataciones, retenciones no transparentadas y bonificaciones sin normativa. En el hospital Juan Bosch las anomalías alcanzaron los 296 millones por sobregiro en la compra de materiales de oficina, transporte, Internet, alimentos, bebidas, entre otros.
En el hospital Marcelino Vélez Santana las anomalías ascendieron a 591 millones por uso de recursos y cobro de deudas, adquisición de bienes e Itebis no transparentado, compra de medicamentos.
Los auditores encontraron que los departamentos especializados del hospital José María Cabral y Báez no reportaron a la dirección del centro los recursos obtenidos por concepto de cuotas de recuperación. Dijeron que en el año 2010 el hospital recibió ingresos por cuotas de recuperación por 13,852,495.54, pero tales recursos fueron manejados de forma irregular.
En el caso de los ayuntamientos la situación ha sido también muy grave. Recientemente miles de personas salieron a las calles en San Cristóbal para repudiar a su alcalde, el expelotero Raúl Mondesí por lo que denunciaron como corrupción y mal manejo de los recursos municipales.
El escándalo es mayor en la ciudad de San Francisco de Macorís donde detractores y partidarios del alcalde de esa ciudad han salido a las calles, unos a denunciarlo y otros a defenderlo. En los casos de las dos ciudades, auditorías de la CC han encontrado repetidas irregularidades.
La CC ha tenido que utilizar en algunos casos la fuerza pública y la fiscalía para que los munícipes hagan entrega de los informes de auditoría que les son requeridos. Ignoran que la Ley de Cámara de Cuentas en su artículo 56 se refiere al desacato y a las sanciones de prisión y multa que conlleva rehusar la colaboración para que la institución cumpla su cometido.
Comentarios
Publicar un comentario