Defensores públicos abogan por una mayor partida presupuestaria para el 2015


MARÍA ÁNGELES SUAREZ Y ROSA LINARES, PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTA DE AFDEPURD, ENVIARON UNA CARTA AL PRESIDENTE DANILO MEDINA
Santo Domingo

La Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos de la Republica Dominicana (AFDEPURD) abogó para que el Congreso Nacional en la ley de Gastos Públicos del 2015, asigne a la Oficina Nacional de Defensa Pública una partida presupuestaria ascendente a unos RD$765, 136,437.45, para cubrir los 12 distritos judiciales que restan por poner en funcionamiento.

María Ángeles Suarez y Rosa Linares, presidenta y vicepresidenta de la entidad, en una carta enviada al presidente Danilo Medina sostienen que solo con la aprobación de esa partida presupuestaria se puede cubrir las plazas de 400 defensores públicos que requiere la Oficina Nacional de Defensa Pública para abrir los distritos mencionados para la demanda actual de servicio, fortaleciendo con la mejora de las condiciones y salarios del capital humano existente en la actualidad, que cuenta con 123 defensores y 22 coordinadores.

 “En las manos de los legisladores está el brindar a la Oficina Nacional de Defensa Publica el apoyo necesario con la aprobación de la partida presupuestaria, para que puedan ingresar nuevos defensores públicos, abrir las oficinas que aun son reclamadas a nivel nacional, asegurar la calidad de vida y permanencia del personal existente y contar con los recursos económicos para que el servicio prestado, al que se ha comprometido el Estado Dominicano, sea realmente de calidad”, enfatizaron.

Señalan que hoy viven la penosa realidad de ver marchar a grandes valores, disminuirse el capital humano de la institución, en busca de mejores condiciones de vida, sin que esto motive la respuesta del Estado en adecuar su situación salarial a las exigencias que su función impone y de honrar el compromiso que ha asumido con el pueblo dominicano, de brindarle una justicia en la que su acceso pueda ser garantizado y capaz de solucionar conflictos, asegurando el pleno ejercicio del derecho de defensa y cumpliendo el mandato constitucional.

“Hemos escuchado las inquietudes en el que se expresa la necesidad de que sea fortalecida la justicia y de que los procesos alcancen su termino de manera adecuada, discurso, que no es posible hacer realidad sin una defensa publica sostenible, pues en la discusión de la adecuación, revisión y aprobación del presupuesto nacional, la justicia ocupa la palestra pública bajo el manto de seguridad jurídica”, aducen.

Señalan que la labor de los defensores públicos responde a una exigencia establecida en la Constitución Dominicana, en  su artículo 176, los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país es signatarios y la normativa procesal penal nacional.

Manifestaron que durante 11 años la República Dominicana ha contado con un servicio de asistencia legal gratuita, en materia penal, organizada a través de la Oficina Nacional de Defensa Publica, el cual cuenta con un brazo  fuerte que se encarga de la gestión cotidiana de la asistencia técnica a nivel nacional.

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