Disputas por manejos de fondos llevan a la cárcel a varios alcaldes
EL CASO MÁS RECIENTE IMPLICÓ EL CRIMEN DEL REGIDOR DE BAYAGUANA, RENATO CASTILLO
Santo Domingo
El cómo y quiénes fiscalizan, controlan o disponen de los fondos de los ayuntamientos se ha convertido en los principales focos de conflictos en esos gobiernos locales, a tal punto que ha llevado a más de un alcalde a la cárcel o a desenlaces fatales, como el ocurrido la pasada semana en Bayaguana.
El caso del alcalde de Bayaguana, Nelson Sosa Marte (Opy), que además de la acusación de ser el autor intelectual del asesinato del regidor Renato Castillo, su gestión es investigada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, que recolecta documentos con los que busca determinar si hubo o no malversación de unos RD$15 millones en ese ayuntamiento, no es el único en los últimos tiempos.
En febrero pasado la Procuraduría General anunció que solicitó y obtuvo orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, por alegado desfalco al Estado dominicano por unos 100 millones de pesos.
También se solicitó orden de arresto contra Flor Daliza Genao, gerente financiera y tesorera del ayuntamiento, así como Nerys Lizardo Pérez, encargado de nómina.
En noviembre del pasado año, el entonces alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony con el Pueblo) fue suspendido por la Sala Capitular y enviado a la cárcel por una jueza de San Pedro de Macorís luego de que se le implicara en un supuesto desfalco millonario en ese cabildo.
Junto al alcalde fueron arrestados Rafael Augusto Rocha, Remigio Pilier Mercedes y Francisco Severino Nolasco, tesoreros y encargado de compras, respectivamente.
Ese mismo mes el procurador Francisco Domínguez Brito anunció que fue enviado a juicio de fondo el alcalde de Cabarete, Puerto Plata, Gabriel Antonio Mora Ramírez, a quien el ministerio público acusó de graves delitos de corrupción administrativa.
En marzo del 2013 el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a un año de prisión al exalcalde y extesorero del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, Ángel Rodríguez y José Beltré Melo, acusados de prevaricación y desfalco de más de diez millones de pesos, despúés que la Cámara de Cuentas auditara su gestión durante los años 2006-2007.
Precisamente, en meses pasados, la Cámara de Cuentas informó haber realizado auditorías que dejan muy mal paradas la administración de varios ayuntamientos, aunque hasta la fecha no ha habido acciones judiciales.
Este anunció motivó que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) emitieran un comunicado en el que manifestaron su preocupación y llamaron a las autoridades a no coger los ayuntamientos como “cabeza de turco para hacer populismo penal”.
(+)
NO CUMPLEN LA LEY
A pesar que el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios establece normas de cómo deben manejarse los fondos de los cabildos, sus disposiciones muchas veces no se cumplen, lo que genera conflictos entre alcaldes y regidores, casi siempre representantes de partidos políticos distintos.
Ese mismo artículo, en su párrafo V, dice que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana deberá publicar cada año, en la forma en que ésta determine, los resultados de las auditorías anuales realizadas a los municipios y distritos municipales en cuanto a la eficacia y eficiencia presupuestaria de acuerdo con lo establecido en esa ley.
Advierte que en los casos de que como resultado de dichas auditorías se determine que se ha violado lo establecido en la misma, procederá conforme a la ley que la rige a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública. Agrega que cualquier persona física o moral en caso de violación a la ley podrá solicitar a las jurisdicciones penales competentes la puesta en movimiento de la acción pública, constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal, y solicitar las sanciones correspondientes.
Santo Domingo
El cómo y quiénes fiscalizan, controlan o disponen de los fondos de los ayuntamientos se ha convertido en los principales focos de conflictos en esos gobiernos locales, a tal punto que ha llevado a más de un alcalde a la cárcel o a desenlaces fatales, como el ocurrido la pasada semana en Bayaguana.
El caso del alcalde de Bayaguana, Nelson Sosa Marte (Opy), que además de la acusación de ser el autor intelectual del asesinato del regidor Renato Castillo, su gestión es investigada por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, que recolecta documentos con los que busca determinar si hubo o no malversación de unos RD$15 millones en ese ayuntamiento, no es el único en los últimos tiempos.
En febrero pasado la Procuraduría General anunció que solicitó y obtuvo orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, por alegado desfalco al Estado dominicano por unos 100 millones de pesos.
También se solicitó orden de arresto contra Flor Daliza Genao, gerente financiera y tesorera del ayuntamiento, así como Nerys Lizardo Pérez, encargado de nómina.
En noviembre del pasado año, el entonces alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony con el Pueblo) fue suspendido por la Sala Capitular y enviado a la cárcel por una jueza de San Pedro de Macorís luego de que se le implicara en un supuesto desfalco millonario en ese cabildo.
Junto al alcalde fueron arrestados Rafael Augusto Rocha, Remigio Pilier Mercedes y Francisco Severino Nolasco, tesoreros y encargado de compras, respectivamente.
Ese mismo mes el procurador Francisco Domínguez Brito anunció que fue enviado a juicio de fondo el alcalde de Cabarete, Puerto Plata, Gabriel Antonio Mora Ramírez, a quien el ministerio público acusó de graves delitos de corrupción administrativa.
En marzo del 2013 el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a un año de prisión al exalcalde y extesorero del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, Ángel Rodríguez y José Beltré Melo, acusados de prevaricación y desfalco de más de diez millones de pesos, despúés que la Cámara de Cuentas auditara su gestión durante los años 2006-2007.
Precisamente, en meses pasados, la Cámara de Cuentas informó haber realizado auditorías que dejan muy mal paradas la administración de varios ayuntamientos, aunque hasta la fecha no ha habido acciones judiciales.
Este anunció motivó que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) emitieran un comunicado en el que manifestaron su preocupación y llamaron a las autoridades a no coger los ayuntamientos como “cabeza de turco para hacer populismo penal”.
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NO CUMPLEN LA LEY
A pesar que el artículo 21 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios establece normas de cómo deben manejarse los fondos de los cabildos, sus disposiciones muchas veces no se cumplen, lo que genera conflictos entre alcaldes y regidores, casi siempre representantes de partidos políticos distintos.
Ese mismo artículo, en su párrafo V, dice que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana deberá publicar cada año, en la forma en que ésta determine, los resultados de las auditorías anuales realizadas a los municipios y distritos municipales en cuanto a la eficacia y eficiencia presupuestaria de acuerdo con lo establecido en esa ley.
Advierte que en los casos de que como resultado de dichas auditorías se determine que se ha violado lo establecido en la misma, procederá conforme a la ley que la rige a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública. Agrega que cualquier persona física o moral en caso de violación a la ley podrá solicitar a las jurisdicciones penales competentes la puesta en movimiento de la acción pública, constituirse en calidad de querellante y actor civil según los términos del Código Procesal Penal, y solicitar las sanciones correspondientes.
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