Procuraduría investiga caso del fiscal de Ocoa


 SE INDAGA DESAPARICIÓN DE EXPEDIENTES, ENTRE ESTOS SOBRE NARCOTRÁFICO
Santo Domingo
El Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República investiga el presunto mal manejo que la Fiscalía de San José de Ocoa habría dado a bienes incautados, un caso que ya conllevó su intervención y su fiscal titular y una fiscal adjunta fueron suspendidos del cargo.

La pesquisa la dirige el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, se concentra en investigar el manejo irregular de armas de fuego incautadas y estaban bajo posesión del ministerio público de esa jurisdicción.

Se informó que también se investiga sobre la desaparición de expedientes, específicamente sobre narcotráfico, así como falta de transparencia en el manejo de dinero por concepto de garantías económicas, impuestas como medida de coerción a los imputados.

“No se sabe dónde se depositaba el dinero del pago de las garantías económicas; tampoco se ha podido determinar qué se hacía con ese dinero y no se tiene un monto de la fianza establecida”, destaca el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría, el cual alega que todavía no hay resultados en torno al monto, porque se está investigando.

Señala que se está haciendo una auditoría que abarca desde 2013 al 2014, aunque aclara que no hay acusación contra el fiscal suspendido, Nerys Soto Feliz, de todas esas irregularidades. Precisó que este fue suspendido porque supuestamente estaba entorpeciendo la investigación.

Sigue huelga de hambre
 
Por otro lado, el fiscal afectado por la medida, Nerys Soto Feliz, continuó ayer en huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República, para pedir que se aclaren las acusaciones que pesan en su contra por supuestas anomalías cometidas en su jurisdicción.

Soto Feliz dijo que defenderá su honor y el de su familia hasta con su vida, indicando que no ha cometido irregularidades. Pidió que una comisión investigue  su patrimonio y el de su familia.

Alegó que su cancelación se debió a un caso ocurrido en 2013, cuando supuestamente hubo un asesinato en la finca del senador de Ocoa, Carlos Castillo, y que “altas esferas” impidieron que se investigara el caso. 

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