La ONU acusa a EEUU de practicar ejecuciones que equivalen a tortura
EL REO CLAYTON LOCKETT ES EL SEGUNDO CASO DE SUFRIMIENTO EXTREMO
REPORTADO EN LO QUE VA DE AÑO Y CAUSADO POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS
INYECCIONES LETALES
El sufrimiento que padeció un condenado a muerte al que se inyectó una
solución letal en Oklahoma (Estados Unidos) que no actuó de forma
inmediata constituyó un trato cruel e inhumano, lo que el derecho
internacional equipara con la tortura, señaló hoy la ONU.
La forma en que se dio muerte al reo Clayton Lockett implicó un "trato
cruel, inhumano y degradante, según las normas internacionales de
derechos humanos, y transgredió la octava enmienda de la Constitución de
Estados Unidos, que dispone que no se deben infligir castigos crueles",
sostuvo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi
Pillay.
"El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo
que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones
letales", dijo el portavoz de Pillay, Rupert Colville.
El primer caso fue el de Dennis McGuire, quien fue ejecutado en Ohio el
pasado enero con una combinación de sustancias que luego se denunció que
no fue probada previamente.
El Estado de Oklahoma ha aplazado ejecuciones que estaban previstas
próximamente, tras la orden de que se revisen todos los procedimientos y
protocolos para la aplicación de la pena de muerte.
Sendos órganos de derechos humanos de la ONU han pedido en el pasado a
EEUU que evalúe sus métodos de ejecución para evitar el sufrimiento y
dolor severos.
Asimismo, recomendaron que los estados se aprovisionen con inyecciones
letales de forma legal, regulada y que hayan sido aprobadas por la
Administración para la Alimentación y las Drogas, el órgano estatal que
regula los medicamentos.
El ajusticiamiento de Lockett, de 38 años, fue el último de varios que
han sido más largos y agónicos de lo esperado, además de polémicos, por
el uso cada vez mayor de nuevas inyecciones letales frente a la escasez
de las convencionales.
También provoca suspicacia la reserva extrema con la que las autoridades estatales se aprovisionan de esos fármacos.
Colville dijo que lo ocurrido en esas ejecuciones refuerza el argumento
de que las autoridades en todo EEUU deben imponer una moratoria
inmediata de la pena de muerte y optar por su abolición.
La pena capital es legal en 32 de los 50 estados de ese país, además de estar permitida a nivel federal y en el ámbito militar.
Sobre cómo todo esto influirá en Texas, el estado donde más se ejecuta a
condenados a muerte en EEUU, el portavoz indicó que "podemos imaginar
que lo ocurrido en Oklahoma puede tener ramificaciones para las
ejecuciones previstas con inyecciones letales" en el primer estado.
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