Envían a juicio a mujer acusada de estafar al Estado con 47 millones de pesos
EL TRIBUNAL ACOGIÓ UN PEDIMENTO PRESENTADO POR LOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA ESPECIALIZADA ANTILAVADO DE ACTIVOS
Santo Domingo
La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a una mujer acusada de estafar al Ministerio de Educación por 47 millones de pesos con la compras de unos terrenos para la construcción de dos centros escolares.
La magistrada Kenya Romero dictó apertura a juicio en contra de Reina Margarita Núñez, a los fines de que responda por la acusación de uso de documentos falsos y estafa proveniente del lavado de activos en contra del Estado dominicano.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger un pedimento presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, quienes alegaron que existen elementos de pruebas que la comprometen en los hechos que se le imputan.
Al salir de la audiencia, la imputada declaró que Educación fue que le obligó a vender, que ella no quería y que los 15 mil metros cuadrados de terrenos fueron declarados de utilidad pública por el presidente Danilo Medina, por lo que solo habría que determinar a quién el Estado debía pagar.
En un principio la investigación se desarrolló en contra de Núñez Infante y su esposo Ramón Benito Ramírez, quedando extinguida la acción en contra de éste último debido a que falleció el pasado año.
Se recuerda que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borges Cabrera, impuso un año de prisión preventiva en contra de la imputada, la cual se está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
Se informó que como parte del trabajo desarrollado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, durante el proceso investigativo de este caso, se ha logrado recuperar el 40% de los activos adquiridos por la imputada, que habían sido invertidos en materia inmobiliaria y guardados en cuentas bancarias, las cuales fueron inmovilizadas.
La querella fue presentada por el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, a través de los abogados Manuel Fermín Cabral, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena, por la estafa que cometió en su contra en la compra de un inmueble por valor de 47 millones 452 mil 500 pesos por parte de la pareja de esposos.
En la misma se alega el presidente Danilo Medina emitió el decreto 354-13, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social los terrenos que vendió a imputada al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela.
Santo Domingo
La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a una mujer acusada de estafar al Ministerio de Educación por 47 millones de pesos con la compras de unos terrenos para la construcción de dos centros escolares.
La magistrada Kenya Romero dictó apertura a juicio en contra de Reina Margarita Núñez, a los fines de que responda por la acusación de uso de documentos falsos y estafa proveniente del lavado de activos en contra del Estado dominicano.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger un pedimento presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, quienes alegaron que existen elementos de pruebas que la comprometen en los hechos que se le imputan.
Al salir de la audiencia, la imputada declaró que Educación fue que le obligó a vender, que ella no quería y que los 15 mil metros cuadrados de terrenos fueron declarados de utilidad pública por el presidente Danilo Medina, por lo que solo habría que determinar a quién el Estado debía pagar.
En un principio la investigación se desarrolló en contra de Núñez Infante y su esposo Ramón Benito Ramírez, quedando extinguida la acción en contra de éste último debido a que falleció el pasado año.
Se recuerda que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Luis Borges Cabrera, impuso un año de prisión preventiva en contra de la imputada, la cual se está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
Se informó que como parte del trabajo desarrollado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, durante el proceso investigativo de este caso, se ha logrado recuperar el 40% de los activos adquiridos por la imputada, que habían sido invertidos en materia inmobiliaria y guardados en cuentas bancarias, las cuales fueron inmovilizadas.
La querella fue presentada por el Ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, a través de los abogados Manuel Fermín Cabral, Guillermo Sterling y Pedro Balbuena, por la estafa que cometió en su contra en la compra de un inmueble por valor de 47 millones 452 mil 500 pesos por parte de la pareja de esposos.
En la misma se alega el presidente Danilo Medina emitió el decreto 354-13, mediante el cual declara de utilidad pública e interés social los terrenos que vendió a imputada al Ministerio de Educación para la construcción de una escuela.
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