Familias se alejan de adultos mayores en prisión
MUCHOS DE LOS ENVEJECIENTES DEMANDAN QUE LAS FAMILIAS SE ACERQUEN A ELLOS PORQUE NO RECIBEN VISITAS
Santo Domingo
Luego que los envejecientes cumplen su condena, algunos enfrentan el problema de que no saben dónde ir, debido a que sus familias los abandonaron y se niegan a recibirlos en sus casas.
Nathalie María, directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, (Conape), precisa que esa entidad enfrenta el reto de ubicar a los envejecientes cuando terminan de cumplir la pena y no tienen familias que los acojan.
Está contactando a familiares de algunos que no reciben visitas, para lograr su apoyo y acogida.
María enfatiza que no pretenden que se justifique el hecho que los llevó a la cárcel, sino la acción humana del perdón.
Especialistas de la conducta le trabajan el aspecto de la autoestima, a través de la terapia psicológica.
“Porque lo que más demandan es que las familias se acerquen más a ellos”, expresa María.
La psicogeriatra explica que algunos tienen conflicto con su pareja o con los hijos, que no los quieren aceptar. Y otros realmente no tienen ningun familiar. Sostiene que algunos tampoco quieren irse cuando cumplen la condena en el Centro Especial de Haras Nacionales, por lo que se han propuesto habilitar un hogar para llevarlos, en vez de un asilo. La idea, según explicó María, es que los abuelos puedan desarrollar en ese hogar una microempresa para que sean productivos.
La directora del Conape planteó, además, que procuran la creación de un centro especial para envejecientes en cada región del país.
María señala que ha recibido varias solicitudes de directores de recintos para que se realice un levantamiento, a fin de implementar programas de terapia ocupacional y de solución de conflictos con la familias de los envejecientes.
Cuenta que hace unas semanas cumplió condena uno en el centro especial para envejecientes y se quedó tranquilo.
“Dijo: de aquí no me voy, yo nunca había vivido mejor, vivo aquí mejor que afuera”, narró María. Lo ubicaron en un hogar geriátrico permanente, porque ese abuelo solo tenía una hermana enferma y en una silla de rueda.
También revisaron el caso de uno que falleció a los 78 años, quien padecía de una enfermedad terminal, pero no había cumplido la pena que se le impuso.
Decidieron llevarlo a su casa porque él aspiraba a compartir con su familia, la cual lo recibió.
María enfatizó que son personas pobres, afectados por la condena social, por lo expresa que nunca retornan al mismo lugar donde vivían.
Resistencia al traslado
Todavía quedan recluidos adultos mayores en las cárceles de La Victoria y de Najayo, pese a que el centro especial de Haras Nacionales tiene capacidad para 150 y solo aloja a 84.
Ysmael Paniagua, coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria, precisó que esto se debe a que algunos envejecientes se resisten a ser trasladados, porque se alejarían de sus familiares.
“Algunos de ellos, especialmente en Najayo, no están muy conscientes de la conveniencia de estar en esos lugares, porque al estar en el centro especial se alejan de sus familiares”, contó.
Explicó que uno de Mao que esté recluido en la cárcel de esa ciudad le resulta incómodo que lo muevan al centro especial de Haras Nacionales, del municipio Santo Domingo Norte.
De ahí que reconoció la necesidad de que se instalen centros de corrección para los adultos mayores por regiones, especialmente uno en el Norte y otro en el Sur, a fin de tener cubierta la totalidad.
En cuanto a un centro especial para mujeres, dijo que las envejecientes pueden estar en el centro abierto ubicado en Sabana Toro, de San Cristóbal.
Además, indicó que la población de mujeres privadas de libertad es muy reducida, especialmente las envejecientes, pero manifestó que si es necesario se habilitará.
Expresó el interés del procurador Francisco Domínguez Brito de que los adultos mayores estén ubicados en lugares especiales para ellos, de manera que el conjunto de actividades se corresponda con el ambiente en que ellos se desenvuelvan.
Sostiene que los adultos mayores requieren de unas atenciones especiales, que si no se les proporciona no se sentirán en condiciones útiles y productivas.
Estimó que mantener el centro de envejecientes cuesta igual que los demás centros de corrección, alrededor de 600 pesos diarios por interno.
Sostuvo que el costo se incrementa cuando hay baja población y cuando se requieren especialistas.
Sin embargo, señaló que al ser tan reciente el centro de Haras Nacionales, no han establecido los presupuestos para un centro de corrección de adultos mayores, pero expresó que sí estar‡ determinado para el año próximo.
Apoyo a los envejecientes
El Conape destina 300,000 pesos anual para el Centro de Adultos Mayores, monto que puede variar según la demanda de apoyo logístico, es decir, traslado de los envejecientes, medicamentos, material gastable y mantenimiento.
La institución se mantiene vigilante de los internos que guardan prisión, les da seguimiento y les brinda asesoría legal gratuita.
Le suministra medicamentos y los productos para su higiene personal. Además, los apoya con terapia ocupacional y con el traslado a los centros médicos, según precisó María.
Se encarga de hacerle diagnóstico médico, por lo cual saben de qué padece cada uno.
“Todo lo que tiene que ver con las necesidades, y los conflictos entre familias, lo trabajamos junto con la Procuraduría. En el recinto estamos constantemente trabajando en conjunto”, subrayó. Sostiene que las unidades del Conape van cada día al centro.
Apuntó que los ayudan para que visiten algún familiar enfermo.
Cuando un juez le impone prisión preventiva, se le solicita al Conape que sea llevado al centro. Indica que gestionaron la libertad de 21, que tenían hasta dos años que habían cumplido la pena.
A los preventivos se les otorgó su nueva cédula de identidad y electoral, para que puedan votar en las próximas elecciones.
(+)
DISCRIMINACIÓN EN LOS CENTROS TRADICIONALES
La directora del Conape señaló que en los recintos penitenciarios tradicionales, no solo del país sino en el mundo, los adultos mayores son usados como mulas, son los que hacen el trabajo pesado y los que menos comen.
Dice que están en un nivel de vulnerabilidad extrema, porque aparte de estar privados de libertad, los más jóvenes abusan de ellos, tradicionalmente en complicidad con autoridades del recinto.
Puso como ejemplo que en la cárcel La Victoria eran los adultos mayores que suapiaban, recogían la basura, lavaban y cocinaban.
“Todos los trabajos pesados lo hacían los adultos mayores, que son los servilistas cuando esa no debe ser la visión”, advierte.
Considera que una persona que ha aportado toda su vida al país, bajo cualquier condición que esté, debe tener una vida digna.
“Los adultos mayores privados de libertad han perdido el derecho a la libertad, pero no han perdido el derecho de vivir con dignidad, no han perdido el derecho de tener una condición de vida como ser humano”, enfatizó.
Señaló que no han encontrado dificultades para el traslado de los adultos mayores al centro de Beneficios legales La abogada Diana Mejía, encargada legal del Conape, precisó que según el Código Procesal Penal, no puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta años, si se estima que la condena por el hecho no es mayor a cinco años de privación de libertad.
Además, cita el artículo 70 del Código Penal, que indica que “La pena de trabajos públicos (prisión) no se impondrá nunca a aquellos culpables que, al fallarse sus causas, tengan sesenta años cumplidos”.
También expone que el artículo 71 de ese código manda a que esa pena se sustituya respecto de ellos por la de reclusión. Mejía también citó el artículo 7 2del Código Penal, que dice que: “Desde el momento en que un condenado a trabajos públicos, cumpla los sesenta años, se le relevará de ella; y considerándolo como si no hubiera sido condenado sino a la reclusión, se le encerrará en una casa de corrección por el tiempo que le falta para cumplir su condena”.
En base a esas disposiciones legales, la directora de Conape enfatizó que la pena para los adultos mayores no puede pasar de cinco años, y que si por su condición de salud es deteriorada, se toman medidas y se buscan centros especializados.
“Tiene que tomarse en cuenta que no puede ser condenado a una pena de largo tiempo”, subrayó.
Santo Domingo
Luego que los envejecientes cumplen su condena, algunos enfrentan el problema de que no saben dónde ir, debido a que sus familias los abandonaron y se niegan a recibirlos en sus casas.
Nathalie María, directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, (Conape), precisa que esa entidad enfrenta el reto de ubicar a los envejecientes cuando terminan de cumplir la pena y no tienen familias que los acojan.
Está contactando a familiares de algunos que no reciben visitas, para lograr su apoyo y acogida.
María enfatiza que no pretenden que se justifique el hecho que los llevó a la cárcel, sino la acción humana del perdón.
Especialistas de la conducta le trabajan el aspecto de la autoestima, a través de la terapia psicológica.
“Porque lo que más demandan es que las familias se acerquen más a ellos”, expresa María.
La psicogeriatra explica que algunos tienen conflicto con su pareja o con los hijos, que no los quieren aceptar. Y otros realmente no tienen ningun familiar. Sostiene que algunos tampoco quieren irse cuando cumplen la condena en el Centro Especial de Haras Nacionales, por lo que se han propuesto habilitar un hogar para llevarlos, en vez de un asilo. La idea, según explicó María, es que los abuelos puedan desarrollar en ese hogar una microempresa para que sean productivos.
La directora del Conape planteó, además, que procuran la creación de un centro especial para envejecientes en cada región del país.
María señala que ha recibido varias solicitudes de directores de recintos para que se realice un levantamiento, a fin de implementar programas de terapia ocupacional y de solución de conflictos con la familias de los envejecientes.
Cuenta que hace unas semanas cumplió condena uno en el centro especial para envejecientes y se quedó tranquilo.
“Dijo: de aquí no me voy, yo nunca había vivido mejor, vivo aquí mejor que afuera”, narró María. Lo ubicaron en un hogar geriátrico permanente, porque ese abuelo solo tenía una hermana enferma y en una silla de rueda.
También revisaron el caso de uno que falleció a los 78 años, quien padecía de una enfermedad terminal, pero no había cumplido la pena que se le impuso.
Decidieron llevarlo a su casa porque él aspiraba a compartir con su familia, la cual lo recibió.
María enfatizó que son personas pobres, afectados por la condena social, por lo expresa que nunca retornan al mismo lugar donde vivían.
Resistencia al traslado
Todavía quedan recluidos adultos mayores en las cárceles de La Victoria y de Najayo, pese a que el centro especial de Haras Nacionales tiene capacidad para 150 y solo aloja a 84.
Ysmael Paniagua, coordinador del Modelo de Gestión Penitenciaria, precisó que esto se debe a que algunos envejecientes se resisten a ser trasladados, porque se alejarían de sus familiares.
“Algunos de ellos, especialmente en Najayo, no están muy conscientes de la conveniencia de estar en esos lugares, porque al estar en el centro especial se alejan de sus familiares”, contó.
Explicó que uno de Mao que esté recluido en la cárcel de esa ciudad le resulta incómodo que lo muevan al centro especial de Haras Nacionales, del municipio Santo Domingo Norte.
De ahí que reconoció la necesidad de que se instalen centros de corrección para los adultos mayores por regiones, especialmente uno en el Norte y otro en el Sur, a fin de tener cubierta la totalidad.
En cuanto a un centro especial para mujeres, dijo que las envejecientes pueden estar en el centro abierto ubicado en Sabana Toro, de San Cristóbal.
Además, indicó que la población de mujeres privadas de libertad es muy reducida, especialmente las envejecientes, pero manifestó que si es necesario se habilitará.
Expresó el interés del procurador Francisco Domínguez Brito de que los adultos mayores estén ubicados en lugares especiales para ellos, de manera que el conjunto de actividades se corresponda con el ambiente en que ellos se desenvuelvan.
Sostiene que los adultos mayores requieren de unas atenciones especiales, que si no se les proporciona no se sentirán en condiciones útiles y productivas.
Estimó que mantener el centro de envejecientes cuesta igual que los demás centros de corrección, alrededor de 600 pesos diarios por interno.
Sostuvo que el costo se incrementa cuando hay baja población y cuando se requieren especialistas.
Sin embargo, señaló que al ser tan reciente el centro de Haras Nacionales, no han establecido los presupuestos para un centro de corrección de adultos mayores, pero expresó que sí estar‡ determinado para el año próximo.
Apoyo a los envejecientes
El Conape destina 300,000 pesos anual para el Centro de Adultos Mayores, monto que puede variar según la demanda de apoyo logístico, es decir, traslado de los envejecientes, medicamentos, material gastable y mantenimiento.
La institución se mantiene vigilante de los internos que guardan prisión, les da seguimiento y les brinda asesoría legal gratuita.
Le suministra medicamentos y los productos para su higiene personal. Además, los apoya con terapia ocupacional y con el traslado a los centros médicos, según precisó María.
Se encarga de hacerle diagnóstico médico, por lo cual saben de qué padece cada uno.
“Todo lo que tiene que ver con las necesidades, y los conflictos entre familias, lo trabajamos junto con la Procuraduría. En el recinto estamos constantemente trabajando en conjunto”, subrayó. Sostiene que las unidades del Conape van cada día al centro.
Apuntó que los ayudan para que visiten algún familiar enfermo.
Cuando un juez le impone prisión preventiva, se le solicita al Conape que sea llevado al centro. Indica que gestionaron la libertad de 21, que tenían hasta dos años que habían cumplido la pena.
A los preventivos se les otorgó su nueva cédula de identidad y electoral, para que puedan votar en las próximas elecciones.
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DISCRIMINACIÓN EN LOS CENTROS TRADICIONALES
La directora del Conape señaló que en los recintos penitenciarios tradicionales, no solo del país sino en el mundo, los adultos mayores son usados como mulas, son los que hacen el trabajo pesado y los que menos comen.
Dice que están en un nivel de vulnerabilidad extrema, porque aparte de estar privados de libertad, los más jóvenes abusan de ellos, tradicionalmente en complicidad con autoridades del recinto.
Puso como ejemplo que en la cárcel La Victoria eran los adultos mayores que suapiaban, recogían la basura, lavaban y cocinaban.
“Todos los trabajos pesados lo hacían los adultos mayores, que son los servilistas cuando esa no debe ser la visión”, advierte.
Considera que una persona que ha aportado toda su vida al país, bajo cualquier condición que esté, debe tener una vida digna.
“Los adultos mayores privados de libertad han perdido el derecho a la libertad, pero no han perdido el derecho de vivir con dignidad, no han perdido el derecho de tener una condición de vida como ser humano”, enfatizó.
Señaló que no han encontrado dificultades para el traslado de los adultos mayores al centro de Beneficios legales La abogada Diana Mejía, encargada legal del Conape, precisó que según el Código Procesal Penal, no puede ordenarse la prisión preventiva de una persona mayor de setenta años, si se estima que la condena por el hecho no es mayor a cinco años de privación de libertad.
Además, cita el artículo 70 del Código Penal, que indica que “La pena de trabajos públicos (prisión) no se impondrá nunca a aquellos culpables que, al fallarse sus causas, tengan sesenta años cumplidos”.
También expone que el artículo 71 de ese código manda a que esa pena se sustituya respecto de ellos por la de reclusión. Mejía también citó el artículo 7 2del Código Penal, que dice que: “Desde el momento en que un condenado a trabajos públicos, cumpla los sesenta años, se le relevará de ella; y considerándolo como si no hubiera sido condenado sino a la reclusión, se le encerrará en una casa de corrección por el tiempo que le falta para cumplir su condena”.
En base a esas disposiciones legales, la directora de Conape enfatizó que la pena para los adultos mayores no puede pasar de cinco años, y que si por su condición de salud es deteriorada, se toman medidas y se buscan centros especializados.
“Tiene que tomarse en cuenta que no puede ser condenado a una pena de largo tiempo”, subrayó.
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